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Motivos y Contexto de fundación

Información Accesible y Rendición de Cuentas, Asociación Civil nace como una iniciativa ciudadana con pretenciones democráticas y democratizadoras. IARAC es también un planteamiento que de origen fue imaginado como un problema de diseño y desarrollo organizacional de consolidación institucional en sí mismo. Nace de un conjunto de inquietudes y percecpiones, más o menos fundamentadas en datos, noticias, literatura especializada -y sobre todo-, fundamentado en la persepción social de la necesidad y relevancia del proyecto, -al menos la de sus fundadores-.

PERCEPCIÓN E INFORMACIÓN DEL ENTORNO SOCIAL 2012-2013:

 

A) Consolidación democratica:

 

México ha vivido un lento y largo proceso de transición hacia a la democracia, en ese devenir histórico sin duda los mexicanos y sus instituciones han cambiado, -tal vez no a la velocidad deseada-, sin embargo es posible identificar avances. Hablamos de la Res pública, la cosa pública, su administración y organización, su gestión mediante sistemas de organización política y social que conforman y forman al México de hoy.

 

De la aspiración a ser un “país independiente” a ser un “país democrático” el salto es gigantesco y no sólo han pasado más 200 años y una Revolución, ha pasado más, está pasando. ¿Avanzamos en la dirección correcta? ¿Lo estamos logrando? 

 

El examen es largo, -e independientemente de la perspectiva y rigor que se asuma-, la pregunta no es nada simple, una afirmación o negación de tajo respecto a la consolidación democrática nacional es, -por optimista o por pesimista-, motivo de duda razonable.

 

Para algunos, la democracia llegó y se instaló entre nosotros y lo que vienen son nuevos desafíos. Para otros el proceso se frustro, y lo que hoy domina son intereses particulares y una representación fallida de soberanía popular; no hay aquí democracia y lo que se vive es una simulación. Otras interpretaciones reflejan una democracia endeble con síntomas de regresión (Aristegui & Trabulsi, 2009).

En la historia de la transición democrática nada ha sido fortuito, aunque los resultados puedan ser duramente, -y no sin razón-, calificados como insatisfactorios; cada espacio ha representado y representa una lucha concretada por cambiar, por democratizar, y nada apunta a que el tal comportamiento sea distinto en el futuro.

 

Con todos los bemoles que se puedan identificar, afortunadamente hay una proporción importante de mexicanos tienen la posibilidad definir con autenticidad su posicionamiento personal en torno a los asuntos públicos: Postura activa o pasiva para plasmarlo en blanco y negro, -aunque bien se reconozca toda gama de grises-. Posicionamiento activo o inactivo no sólo en el orden de las ideas, sino también en los hechos; hacer parte sin participar o hacer parte participando.

En el escenario nacional los motivos e intereses abundan en todas sus variedades: Los legales, los ilegales, los legítimos, los corruptos, los intereses transnacionales, los intereses nacionales privados y también, -como podrían estar ausentes-, los intereses públicos; todos ellos y más: coexisten, se contraponen, se complementan, se sobreponen, se imponen y se bloquean entre sí, formando un entramado, tapiz, maraña o como se le quiera llamar, en dónde dos constantes diacrónicas son: el conflicto y el desenlace. La danza sin fin del “estira y afloja” ya sea individual, grupal, gremial, masiva o incluso social.

El “conflicto” y el “desenlace” como constantes diacrónicas en la transición democrática son “fuerza motor”. La idea es simple, potente y aparentemente cuasi causal, pero en realidad compleja e impredecible si se le mira en conjunto y en la multiplicidad de sus manifestaciones. Aun así, el conflicto tiene de facto un desenlace, sea este el esperado o no u otra cosa.

 

Los conflictos también revelan una suerte de “agenda vigente”, una agenda pública a resolver y resolviéndose, agenda que a su vez representa ámbitos potenciales de desarrollo o regresión democrática. En esa agenda vigente, pública y conflictiva, se conjugan sobre escenarios contextuales específicos los actores, sus recursos, -y sobre todo-, los métodos de resolución de conflicto.

 

Los métodos de resolución de conflictos usados y asumidos como válidos, -ya sean deliberados o irreflexivos-, son muy influyentes para derivar en desarrollo o en regresión democrática. Si situamos el Autoritarismo y la Democracia como conceptos antitéticos, sus métodos de resolución de conflicto también lo son.

Un sistema político Democrático simplemente no es Autoritario, y viceversa. No obstante… la naturaleza del sistema político mexicano en el tercer lustro del siglo actual es mixta. El sistema contiene un buen número de elementos democráticos, pero pervive en él la esencia de la herencia autoritaria. Y es imposible determinar hasta qué punto se trata de una democracia autoritaria o de un autoritarismo democratizado (Meyer, 2013).

 

En el gobierno de Enrique Peña Nieto en el plano federal, la agenda, -vigente, pública y conflictiva-, que configura ámbitos potenciales de desarrollo o regresión democrática, es sin duda, la agenda de las Reformas legislativas contenidas en el pacto firmado por los partidos PRI, PAN y PRD: Telecomunicaciones, Laboral, Educativa, Política, Judicial, Electoral, Energética y de Transparencia.

 

Es justo en este contexto histórico nacional que con un posicionamiento participativo, técnico y de naturaleza ciudadana IARAC intenta consolidarse como en un espació de defensa del interés público visible y reconocido en su propio campo, ello, a la altura de toda una pleyade de asociaciones ya más maduras, -sin presencia directa en la peninsula de Yucatán-, aglutinadas en tres ligas vinculadas a su materia en la esfera nacional: 1) La red por la rendición de cuentas, 2) Colectivo por la transparencia y 3) Ciudadanos por municipios trasparentes (CIMTRA). 

B) TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTATAL:

 

Si centramos la mirada en el contexto estatal, es necesario precisar que, el 31 de Mayo de 2004 se emitió la Ley estatal de acceso a la información pública para el Estado y municipios de Yucatán, -con tal legislación hace casi diez años-, se dio pie a la conformación del Instituto de acceso a la información pública del Estado de Yucatán (INAIP), órgano encargado de garantizar el acceso a la información; ello como reflejo de dinámicas e influencias nacionales e internacionales ya hechadas andar desde hace muchos años .

 

La aprobación de la “Ley de acceso a la información pública para el Estado y los municipios de Yucatán” y sus modificaciones siguientes, trajo consigo, entre otras muchas cosas, el establecimiento de un conjunto de obligaciones para las entidades púbblicas. Siendo particularmente central, la obligación de publicar y mantener actualizada, un conjunto de documentos o informaciones -sobre sí mismos y su gestión, sin necesidad de que medie solicitud alguna. 

 

La información de publicidad obligatoria, en lo sucesivo “IPO” por sus siglas, es un mínimo común denominador de obligaciones de trasparencia, mismas que para el caso de los sujetos o entes obligados de Yucatán, se inscriben en los artículos 9 y 9 A de la ya multicitada Ley estatal de la materia. 

La IPO es un “mínimo de documentos a públicar” establecida por Ley que contribuye de manera esencial a garantizar el derecho fundamental de toda persona al acceso a la información pública, favorece y faculta, una vía para que de manera expedita, los ciudadanos puedan conocer el estado de los asuntos públicos municipales, así como su gestión.

 

No obstante, en la legislación mexicana asociada a transparencia para inicios 2014, la IPO se encuentra bastante difundida y definida, pero a su vez, no se encuentra homologada en las 32 leyes estatales. 

 

Dicho fenómeno de divergencia legislativa, es asociable como producto al federalismo y la manera propia en que se construye la legislación en México, tal fenómeno no es privativo de la Trasparencia y su instrumentación pues ocurre también con otros asuntos, conjunto de asuntos en donde la brecha entre los principios constitucionales establecidos por el Congreso de la Unión, se ven “interpretados y adaptados” “ad hoc” por los respectivos Congresos Estatales, creando divergencias naturales en los marcos regulatorios, que no siempre juegan a favor del ciudadano, -y que de facto-, se convierte en 32 expresiones de vivir el Derecho a la Información en el plano Estatal.

 

La IPO, es sin lugar a duda una parte importante de la instrumentación que se ha edificado para garantizar el Derecho a la Información Pública, pero hay que tener bien claro que no es la única. Las solicitudes de acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la preservación de la información pública, el engrosamiento institucional con órganos garantes, la creación de unidades administrativas encargadas del despacho de información a la ciudadanía, los procedimientos e incluso las sanciones, son también parte integral del entramado legal e institucional que ha construido el Estado mexicano (plano estatal incluido) para garantizar el derecho a la Información a sus ciudadanos.

¿Pero a diez años de la ley estatal de acceso a la información pública,cuál es el balance o status de la situación? 

 

Desde 2004 a la fecha, la consolidación de un sistema estatal de transparencia y acceso a la información ha sido la principal tarea. El proceso cuenta con resultados visibles y otros aún deseables:

 

Por destacar un conjunto, -no ponderados y no limitativos-, de los logros en el ámbito estatal, se tiene:

 

• Unidades de Acceso a la Información Pública operando con relativa funcionalidad.

• Un Sistema Acceso a la Información electrónico (SAI) y procedimientos provisto por ley o por el INAIP, que:

 

a) Permite gestionar solicitudes de acceso a las UMAIP.

b) Dispone a la ciudadanía una plataforma electrónica de acceso a la información pública obligatoria de los municipios (repositorio).

 

• El INAIP con facultades legales y morales para vigilar y sancionar en el tema con capacidades instaladas.

Simultaneamente, en las áreas de oportunidad, -no ponderadas y no limitativas-, tenemos en proceso de desarrollo:

 

Crear la disponibilidad al 100% en los términos que fija la Ley, plazo de    publicación y contenidos) de la información obligatoria.

 

Tener un volumen de entrega de información amplio y satisfactorio de información solicitada por el ciudadano (muchas veces no existe la información solicitad, y cuando la hay, se niega en primera instancia ó se regatea).

 

Conocimiento social amplio del empleo de mecanismos y procedimientos de acceso a la información pública.

 

Sanción plenamente ejercida ante cualquier omisión o falta de entrega o publicación de información.

 

En un estudio de disponibilidad a municipios en realizado por “Información accesible y rendición de cuentas a.c.”, visibilizaba que, al corte del 5 de enero de 2014, las gestiones municipales 2012-2015, sólo 6 de 106 habían puesto a disposición del público, -acumulativamente-, la totalidad de información que obligada por ley. 

 

Se puede afirmar, que actualmente en Yucatán hay un sistema de acceso a la información de cuentas funcional y en vías de consolidación. En ese entorno, la situación promedio de los ayuntamiento puede resumirse en dificultades para entregar información pública solicitada, así como paras poner a disposición de la ciudadanía la información pública obligatoria con totalidad, calidad y regularidad.

Sin embargo, más allá de la situación promedio, hay unos cuantos sujetos obligados en los que existe dos o más de los componentes “atípicos y positivos” que a continuación se enuncian:

 

1. Pública la información obligatoria con calidad y regularidad (Art 9 y 9a ).

 

2. Establece convenios de colaboración con otra entidades con capacidad técnica (organo garante y asociaciones de la sociedad civil).

 

3. Profesionaliza responsables de unidad de acceso municipal bajo el Certificado de competencia laboral del estándar: “Facilitación de la Información en Poder del Sujeto Obligado" (Conocer EC0181).

 

4. Pública información pública relevante a la administración municipal más allá de la Obligatoria por ley y de la presencia en medios de comunicacion publicitarios o noticiosos.

 

5. Regula o procura en materia de transparencia y acceso mediante intrumentos municipales internos la témática, tales como: Plan de desarrollo, Reglamento interno en trasparencia, decretos, y manuales de operación). 

 

No debemos olvidar que la incorporación de la transparencia a las rutinas y procedimientos del gobierno y sus diversas dependencias es un proceso que tentra costos y tomará tiempo. 

 

La trasparencia en México se inició por “Ley” tanto en el ámbito Federal como en los Estatales y municipales, hecho que significó la definición automática de dos realidades muy alejadas entre sí: “lo que debería de ser” y “lo que es”. 

Desde entonces, -2002 en lo federal y 2004 en lo estatal-, muchos hombres y mujeres han asumido el compromiso y/o la función, de hacer trasparente lo que no lo es y ha de serlo. Los resultados denuncian que el camino no ha sido fácil, ha sido más bien lento, gradual y progresivo, con presencia incluso de francos retrocesos, no obstante, la transparencia y el acceso a la información en en Estado de Yucatán y en México entero tiene pulso y se mueve.

 

Es justo en el movimiento, donde la Trasparencia se ha constituido, -sin lugar a duda,- en un ámbito de consolidación democrática y democratizador, en donde, la ciudadanía , las instituciones públicas y los Órganos Garantes se conjugan sobre escenarios contextuales específicos, resolviendo conflictos y desenlaces entre una aspiración democrática y una herencia autoritaria, situaciones que en última instancia, -y en conjunto-, conforman el estado que guarda la Trasparencia de las instituciones públicas en el país. Estado al cúal Iarac pretende contribuir desarrollando e instalando capacidades en lo interno y, por supuesto en el entorno.

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